Las subvenciones de las administraciones públicas a las empresas privadas-Los sistemas de control de las subvenciones

4.5. LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y LAS RELACIONES SOCIALES

Los individuos no interactuan en el vacío, sino que cuentan con una red de relaciones sociales que constituye una forma de capital. El capital social** es intangible y no realizable, pero es productivo y permite el logro de ciertos fines que el individuo sólo no podría alcanzar.

Por consiguiente, el mercado no es una máquina, sino un complejo orden de relaciones humanas que nadie maneja. Precisamente porque nadie lo maneja es por lo que puede funcionar bien. Pero en el mercado las empresas no pueden hacer lo que quieran. Toda la clave de la competencia estriba en que sus agentes se someten a la voluntad y los deseos de los demás. El mercado requiere unos valores y principios, el progreso requiere unas relaciones éticas.** Dentro de este mercado los sujetos acumulan como fruto de sus relaciones y de su reputación un cierto capital social. Este capital social es un activo que el individuo posee, y es la suma del crédito que acumula en sus relaciones familiares, de trabajo, sociales, etc.

Se critica, por tanto, la versión de la Teoría Clásica de la Competencia Perfecta que considera que la sociedad está constituida por un mero conjunto de individuos, cada uno de los cuales actúa para lograr unos objetivos a los que se llega separadamente, y que el funcionamiento del sistema social es la combinación de esas acciones de los individuos independientes. Pero se constata que las personas no actúan de forma independiente, los objetivos no se alcanzan aisladamente y los intereses no son enteramente egoístas. Las relaciones personales y las tramas de relaciones son importantes para alcanzar objetivos individuales.**

La intervención de las Administraciones Públicas en la economía, y la existencia de mercados que no incorporan la competencia perfecta tal como describe la Teoría Clásica, crean ciertas condiciones para el surgimiento de la corrupción.

Los sobornos y otras prácticas ilegales de búsqueda de rentas han hecho mucho daño, al distraer recursos y tiempo en favor de intereses particulares. Distorsionan la asignación de recursos y consiguen que algunos grupos controlen los precios de bienes y servicios por medio de sobornos e intimidaciones.**

El grado y nivel de estas conductas se encuentra muy relacionado con el tipo de cultura y estructura social. La ética como ponen de manifiesto numerosos estudios se encuentra muy relacionada con el ambiente cultural, con el conjunto de normas que los individuos interiorizan, y con la estructura de relaciones sociales y económicas.

En sociedades con relaciones sociales muy estrechas, la prevención, identificación y castigo de las conductas corruptas resulta más difícil que en sociedades con individuos más aislados. En sociedades en las que la familia, u otro tipo de relaciones son muy fuertes, y especialmente, donde los códigos morales exigen que uno ayude a la familia y a los amigos, la pretensión de que un empleado público aplique en el desarrollo de su trabajo el principio de objetividad es poco realista.

En los países con una cultura social de fuertes relaciones sociales, los costes para la economía de la actividad del Gobierno en los mercados se incrementa notablemente.

El catastrófico resultado para el desarrollo económico de la India, de una administración pública que adoptó formalmente formas occidentales pero inmersa en una cultura muy diferente, demuestra la necesidad de realizar un análisis de las causas de la corrupción, y la adaptación de los sistemas de gestión públicos a las circunstancias peculiares de cada cultura.

Siguiendo a Tanzi (1995, 17), podemos identificar como factores que favorecen la corrupción en las administraciones públicas los siguientes:

1. Las regulaciones, tales como la concesión de recalificaciones y otro tipo de licencias que pueden tener gran valor económico.
2. La discrecionalidad en la aplicación de multas.
3. Los contratos de suministro.
4. Las licitaciones de obras públicas.
5. La concesión de subvenciones e incentivos fiscales.
6. Control por parte de la Administración del reconocimiento de derechos como las pensiones.
7. El control por parte de los empleados públicos del acceso a servicios públicos con precios por debajo del mercado.

El poder discrecional de las administraciones públicas facilita ciertos comportamientos que perjudican la economía, desvirtúa la asignación de recursos, perjudica la calidad de los bienes públicos e incrementa su coste. Igualmente, la corrupción incentiva a las personas y empresas a realizar actividades que les permiten obtener mayores ingresos, y no las inclinará hacia aquellas actividades que pueden utilizar su capacidad de forma más productiva.

Tal como manifiesta Fernández Ordoñez (1991, págs 19)**: "Siempre que se limita la competencia se abre una oportunidad a la corrupción, porque son las Administraciones las que tienen la llave, y en el caso de la nueva regulación, se está dejando en manos de las autonomías la decisión de los días de apertura".

Cuando las Administraciones Públicas reparten concesiones y éstas son repartidas a un precio sensiblemente inferior al de mercado, ésto provoca incentivos a la corrupción. La diferencia entre el precio de mercado y el precio al que la Administración Pública vende o alquila un bien bajo diferentes figuras legales, establece un importante incentivo para la corrupción, mayor mientras mayor sea el margen. Hoy se sabe, que el presupuesto de inversiones públicas italiano que se encontraba entre los más alto de la OCDE, se correspondía con presupuestos artificialmente elevados para incluir las grandes sumas transferidas como sobornos. La corrupción no sólo perjudica a las finanzas públicas, sino que distorsiona la función redistributiva del Gobierno.

Un elemento especialmente perjudicial de la corrupción de las Administraciones Públicas, es el efecto de aprendizaje y de diseminación de este tipo de prácticas no éticas que se transmite al resto de la sociedad y la economía.