Aspectos legales
La persona que es diagnosticada de Alzheimer está abocada a ir perdiendo sus capacidades cognitivas y de pensamiento, lo que influirá en su juicio y en las decisiones y responsabilidades que pueda ostentar.
Por este motivo, la familia puede encontrarse con algunos problemas legales y financieros para preservar los derechos y el bienestar de la persona enferma y su entorno. Para asesorarse sobre estos temas, los familiares pueden acudir a organismos de servicios sociales y asociaciones de familiares de personas con demencia. Teniendo en cuenta que cada persona y su situación van a ser diferentes, habrá que optar por aquellas medidas más adecuadas a cada caso.
A pesar de que puede resultar emocionalmente difícil para el paciente y sus familiares, diseñar un plan de actuación antes de que la persona se vea incapacitada por la enfermedad para tomar decisiones hará todo más fácil y los familiares del paciente podrán tener la seguridad de estar obrando tal y como él desearía, protegiendo sus intereses.
En el caso de las personas con demencia, estas son algunas de las medidas de protección legal que pueden resultar útiles para ellas y sus familiares:
- Documento de voluntades vitales anticipadas, más conocido como testamento vital. Se trata de un documento que recoge de manera anticipada los deseos de la personas sobre los cuidados y tratamientos de salud que autoriza a recibir y, en caso necesario, el destino de su cuerpo y/o sus órganos a su fallecimiento. Para que este testamento sea legalmente efectivo, deberá incorporarse al registro de voluntades previas correspondiente y a la historia clínica del paciente, para que sea accesible para el personal médico que lo necesite.
- Poderes preventivos. Un poder preventivo es un documento notarial por el que una persona designa a otra para que la represente y defienda sus intereses en caso de perder la capacidad para manifestar su voluntad. Aunque en el testamento vital se puede designar a una o varias personas como representantes del paciente, el poder preventivo amplía este poder de decisión a otras áreas de la vida, más allá del ámbito sanitario. Este documento suele utilizarse para prevenir una situación de incapacidad futura, como sucede en las demencias, y futuros procesos legales de incapacitación.
- Incapacitación legal: guarda de hecho, tutela y curatela. El proceso de incapacitación reconoce que una persona carece de la capacidad de obrar y que por lo tanto necesita de otra persona que decida por ella. Tiene los mismos efectos legales que el poder preventivo, pero la incapacitación no es un documento notarial sino un procedimiento judicial más complejo que se inicia cuando el paciente ya no es capaz de gobernarse a sí mismo. La persona que decidirá por el incapacitado lo hará como tutor o a través de la curatela.
Mientras se completa el proceso judicial, antes de que la persona con demencia haya sido incapacitada legalmente, otra persona ejercerá la guarda de hecho, tomando las decisiones que sean precisas en beneficio del paciente mientras finaliza el procedimiento de incapacitación. Por su parte, la curatela y la tutela se diferencian en el grado de discernimiento que posee la persona incapacitada. Si ésta es capaz de tomar decisiones por sí misma y necesita asistencia solamente en determinados actos, se utilizará la figura de la curatela. Si por el contrario el incapacitado necesita asistencia absoluta para gobernar su vida, se recurrirá a la tutela. Este último caso es el más frecuente en los enfermos de Alzheimer.
- Protección legal de las personas con demencia frente al maltrato. Las personas con demencia se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad e indefensión ante situaciones de abuso y maltrato por parte de cuidadores profesionales o familiares. La preocupación social por este tema ha aumentado en los últimos años, lo que ha desembocado en la promulgación de leyes al respecto y la modificación del Código Penal para perseguir estos delitos.
Por maltrato entendemos todo acto u omisión sufrido por una persona con demencia que vulnera su integridad física, psíquica, sexual o económica, o la vulneración del principio de autonomía o de cualquier otro derecho fundamental. En caso de detectar indicios de maltrato en una persona con Alzheimer u otra demencia, es importante alertar a las autoridades oportunas para poder establecer un plan de acción adecuado.
